La opaca gestión del archivo de las diligencias del Supremo sobre Juan Carlos I, por Ernesto Ekaizer

En el chaflán que une las calles de Manuel Silvela con Nicasio Gallego de Madrid, destaca en la primera planta un amplio ventanal con dos ventanas laterales que dan, respectivamente, a una y otra calle. Allí se dan los retoques finales del informe de archivo de las diligencias de investigación sobre las actividades presuntamente delictivas de Juan Carlos I.

Es el amplio despacho que ocupa Alejandro Luzón, fiscal-jefe de la Fiscalía Anticorrupción, en la madrileña calle de Manuel Silvela número 4, en el barrio de Chamberí.

Aquí, en la biblioteca de la primera planta, Luzón y su equipo recibieron al fiscal suizo Yves Bertossa y a su colaborador en delitos económicos, Raphael Zbinden, el 29 de octubre de 2019. Fue cuando Bertossa se mostró interesado en si se pensaba llamar a Juan Carlos I para interrogarle sobre el Ave La-Meca-Medina, en Arabia Saudí.

La respuesta: no, es inviolable.

Han pasado 49 días desde que se filtrara la noticia genérica, sin detalles, en lo que ha sido una de los trascendidos “oficiales” más claros sobre el asunto -desde que la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, se las encargó a la Fiscalía del Supremo el 5 de junio de 2021- en el sentido de que esas diligencias serán archivadas.

En la tarde del martes 5 de octubre, el grupo de fiscales a cargo, entre ellos Alejandro Luzón – sin el responsable de las diligencias, Juan Ignacio Campos, de baja por una operación quirúrgica-, llegó a la conclusión, en la sede de la FGE, en la calle de Fortuny, de archivar. La información se le comunicó a la fiscal general del Estado tras acabar el cónclave, avanzada la tarde. La noticia se filtró 'ipso facto' y el miércoles 6, aparecía en un medio de comunicación digital. Algunos de los que participaron en la reunión no daba crédito. Había sido aquí te pillo, aquí te mato.

A la espera de Suiza

En una conversación con este periódico, el jueves 4 de noviembre, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, explicó que aspiraba a hacer el informe final si la salud se lo permitía y reconocía que en los últimos tiempos no había tenido relación con los trabajos, a pesar de que sus compañeros le llamaban por teléfono para informarle sobre lo que hacían. Campos señaló que no había estado en la “cocina” de los documentos que se han ido elaborando porque sus compañeros tomaron nota de que su estado de salud no era compatible con hacerle partícipe de problemas, pero al mismo tiempo señaló que aspiraba a estar en el informe definitivo y a tener la intervención que le correspondiera.

Preguntado para cuándo se podía esperar el informe final, Campos señaló: “Estamos únicamente a la espera de que el fiscal suizo Yves Bertossa responda una comisión rogatoria que tengo pendiente referida al año 2015. Una vez que ello se produzca de forma inmediata. No puedo decir fecha precisa”.

Y agregó: “Bertossa no se ha caracterizado precisamente ni por la premura ni por la eficacia en la respuesta a nuestras peticiones”

La premura esgrimida para el archivo inminente es la de evitar una nueva prórroga de las diligencias, que vencen el próximo 17 de diciembre. Fuentes fiscales consultadas por EL PERIÓDICO explican que “en un caso de esta importancia, cerrar sin tener la respuesta de Suiza, es dejar un fleco, y esto no tiene justificación”.

Pago de gastos

La petición pendiente de respuesta va sobre datos de 2015. Se refieren a la fundación Zagatka, con sede en Liechtenstein, que pagó gastos del rey emérito (posteriores a su abdicación en 2014) de unos 4,4 millones de euros en alquiler de aviones, y por los cuales Juan Carlos I presentó una regularización fiscal.

“El año 2015, aunque pudieran estar prescritos los delitos fiscales, solo lo estarían si fueran delitos simples, no así de delitos fiscales agravados, cuando la defraudación es superior a 600.000 euros o se utilizan personas interpuestas, instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales”, señala a este diario Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. “La prescripción ya no son cinco sino diez años. Por tanto, el año 2015, y ni siquiera el 2014, estarían prescritos. Es necesario pues contar con esos datos por parte de la Fiscalía antes de proceder al archivo”, enfatiza. La Fiscalía tendrá que contar para el archivo con una calificación de la Agencia Tributaria de que la regularización fiscal es “completa, veraz y espontánea”.

El pasado jueves 18, la fiscal general del Estado al comparecer en el Senado, preguntada por las diligencias sobre el emérito señaló que su “intención es ser lo más transparente posible”. La gestión del “archivo”, filtración mediante, ha mostrado el lado oscuro de la FGE.

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